“El delito es una fabricación del poder”

El defensor del Fuero Penal Juvenil de La Plata, Julián Axat, sostiene que la dinámica interna de un instituto es similar a la de una cárcel. Critica a los que tratan a los chicos como si fueran adultos y cuestiona al ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense. Advierte que “la Justicia Penal termina siendo cómplice del accionar policial”.



Por Gregorio Dolce

El crimen de un hombre en el barrio de Tolosa, en la ciudad de La Plata, volvió a poner en el centro de la escena el debate en torno a la seguridad y el régimen Penal Juvenil. Puntualmente, el foco de la discusión es la baja en la edad de imputabilidad. Ante cada hecho de violencia, en el que está vinculado algún chico, parte de la sociedad y del poder político reclaman el endurecimiento de las penas.
Frases como “quién nos cuida de los pibes chorros”; “antes te robaban y ahora te matan”; “de qué derechos me hablan, para nosotros no hay derechos”; “los únicos que tienen derechos humanos son los delincuentes, circulan cada vez que algún hecho violento ocupa la pantalla de la TV, como si la sociedad estuviera en riesgo por algún agente externo: inmigrantes, pobres o niños.
La sociedad, o parte de ella, olvida que los victimarios son miembros de “su” sociedad y no seres que descendieron de platos voladores y que irrumpieron en un mundo que vivía en paz y armonía. Los temores que tienen algunos sectores sociales no son en realidad hacia los otros, son hacia sí mismos. Y si el conflicto es endógeno, pues entonces hay que empezar a buscar las causas y no poner un muro frente a cada problema intentando reprimirlo. Se trata de comprender las complejidades y el grado de responsabilidad de cada actor social.
Cabría preguntarse, entonces, si los victimarios en realidad no son víctimas.
En ese sentido, Julián Axat, defensor del Fuero Penal Juvenil de La Plata, contribuye al análisis crítico de un problema real: la inseguridad. Pero la inseguridad, lejos de estar vinculada a lo delictivo, primeramente es una tragedia social, política y económica.
Recién después de ello, podemos hablar de la dimensión judicial del delito en los jóvenes.

¿Cuál es la situación de la normativa penal juvenil?

Desde el año 1990 el país incorpora la Ley de la Convención de los Derechos del Niño como normativa nacional. Eso vino a terminar con el sistema de Patronato de la Infancia que comenzó en 1914, por el cual la niñez en lugar de ser protegida era reprimida. Por eso, cada vez que un chico transgredía la Ley Penal era tomado como un objeto de encierro, un objeto de tutela, era secuestrado de su familia, se le quitaba la patria potestad a los padres y era entregado al Estado para ser depositado en un instituto. Eso ocurría por un tiempo determinado y no por un delito cometido, sino por el mero hecho de la pobreza.
En 1990 con la Convención de los Derechos del Niño, y en 1994 con la incorporación de esa Convención que adquiere rango constitucional, se suceden una serie de leyes que vienen a ponerle fin a la Ley de Patronato.
En la provincia de Buenos Aires rigen las normativas 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño y la 13.634 a nivel Procesal Penal. En tanto, a nivel nacional existe un vacío respecto a un sistema Penal Juvenil de fondo. Sigue vigente una ley de la dictadura de 1982 que es un sistema tutelar que entiende que los chicos deben ser dispuestos sin tener en cuenta la edad.
Queda pendiente la sanción por parte del Gobierno nacional de una ley Penal Juvenil que derogue este modelo tutelar sancionado por la dictadura, que establezca qué Código Penal se le aplica a los niños y a partir de qué edad se los puede sancionar. Además de determinar las características que deben tener los procesos.
Acá, en la provincia, el sistema procesal es moderno, pero cuando llegamos a juicio nos encontramos con una ley tutelar que les impide aplicar penas y que les permite a los jueces disponer de los chicos como objetos, cuando en todo el proceso se los trató como sujetos de derecho.
A un menor de 18 años no se le puede aplicar penas. Hay que esperar a que cumpla 18 años para aplicarle una pena como si fuera un adulto. Lo que puede hacer el juez es disponer del menor entre el tiempo que fue encontrado responsable después del juicio y su mayoría de edad. Ejemplo, el caso Urbani, mientras se espera que cumplan 18 años, los dos chicos están dispuestos en un instituto de menores, se encuentran en stand by. En lugar de aplicárseles una pena o que esa pena esté en suspenso pero conociendo cuál es, se los tiene dispuestos.
El sistema tutelar cree que hay que darle una oportunidad al chico para que demuestre ante al justicia que comprendió lo que hizo, que se responsabilizó y que cuando se aplique la pena se tenga una mayor benignidad a la hora de aplicarla. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema, porque el sistema no hace nada por los pibes, que están peor cuando se les aplica la pena que en el momento del juicio, porque el sistema dentro de los institutos se encarga de destruirlos.

¿Cómo funcionan los institutos, que al parecer en lugar de generar una noción crítica en los chicos les producen lo contrario?

Mi opinión es muy mala acerca de los institutos. Estos generan una tendencia en los chicos hacia el engome, que significa la pérdida de recreación durante el encierro. Cuentan con 4 o 5 horas de recreación y el resto de las 19 horas están dentro de las celdas individuales.
Mientras que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece estándares acerca de la mayor cantidad de horas de recreación y la menor cantidad de horas de encierro, todos los institutos de la provincia de Buenos Aires tienen un sistema de engome. Hoy la pérdida de la recreación es el castigo básico en la niñez, sumados a los déficits alimentarios, educativos, de talleres, de incentivos y de salud.
Yo hice un relevamiento de los institutos de La Plata y me encontré con que no hay atención psicológica real, no hay un cuerpo de psicólogos y psiquiatras permanente; tampoco hay un servicio de traslado ambulatorio, ya que si algún chico tiene que ser llevado a un hospital de urgencia se lo hace en los autos particulares. Ni siquiera hay un servicio odontológico permanente.

¿Cómo actúan los celadores dentro de los institutos?

Una de las causales del engome es la distribución de los celadores en el patio, más allá que los chicos también están hacinados porque en los institutos se exceden los cupos. Por lo general, en un instituto en el que hay 50 chicos, por ejemplo, 7 celadores no tienen la capacidad suficiente para controlarlos, entonces el sistema de recreación funciona de manera rotativa. Por ende, cada 2 horas hay un chico afuera que sale y vuelve a la celda, y de los 7 celadores hay 2 tomando mate, 3 mirando televisión y 2 controlando a un solo chico, porque es mucho más fácil controlar a los pibes con un sistema de engome, teniéndolos aislados dentro de las celdas, que con los chicos afuera. Pero eso es una excusa, porque si se pone a más de una persona para el cuidado y se rediseña el sistema de control se podría solucionar el tema del engome.
Uno de los problemas por los cuales esta situación persiste es que no hay una decisión política clara y los celadores son una corporación, tienen autonomía a la hora de funcionar dentro del instituto. El patio lo controlan los maestros. En realidad maestro es el eufemismo de guardiacárcel, pero los chicos piensan que es el maestro y que están en una escuela cuando están en una cárcel.

Eso demuestra que los institutos están lejos de contribuir al aprendizaje de los chicos

Exacto. A los chicos que están en los institutos lo que les produce violencia es el encierro en 4 paredes. El deseo de libertad que tienen es muy fuerte, y si se les da sólo 4 o 5 horas de recreación se les fomenta que consuman pastillas para dormir. Después de un tiempo se van a acostumbrar, y al clausurar el deseo de libertad se les genera un trastorno muy fuerte. Cuando salen se dan cuenta del tiempo que perdieron y eso les genera violencia. Ahora, distinto sería si se les permite que haya un proceso de socialización primario con sus compañeros –hay que pensar que las celdas son individuales-.
El instituto puede seguir siendo cerrado, vallado, pero lo importante es cambiar la dinámica dentro del instituto. Se debe modificar el régimen de hacinamiento y de engome, y también la relación entre el chico y el maestro, ya que ahí hay una relación de poder. A veces se da el síndrome de Estocolmo, porque el menor termina amando al maestro. El maestro habla del chico teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, pero debajo de esas palabras maravillosas se esconde un carcelero, se esconde un tipo que somete al chico a 19 horas de engome, los chicos le piden cigarrillos y el maestro se los consigue a cambio de algo. Hay toda una lógica que es similar a la de una cárcel, por eso hay que modificar todo ello para que el chico no salga tumberizado: en las tumbas se fabrican tumberos. Los institutos son una fábrica de tumberos.

¿Cuál es la relación real entre el delito y la niñez?

Descreo que un marco de pobreza estructural sea la que condicione una situación delictiva. Los que creen eso forman parte de las doctrinas de un progresismo infantil. La relación entre delito y niñez está enmarcada en un sistema de muchas variables, y la pobreza es una de ellas. He visto chicos sumidos en la pobreza, pero con un sistema de pautas culturales bastante organizadas y no han caído en infracción.
El problema se da cuando el nivel de expectativas de los chicos está vinculado con la pobreza estructural y con un sistema de vulneración afectiva. Además, cuando la Policía está presente en el condicionamiento de estas variables es más probable que las transgresiones sean constantes. Por ejemplo, los chicos que viven en una zona de alto riesgo económico, cultural, simbólico, sin acceso a los servicios básicos, a la justicia y con una presencia policial fuerte, lo más probable es que sean seleccionados por la Policía una y otra vez sin que hayan transgredido. Y por eso es posible que estos pibes empiecen a transgredir la ley luego de varias selecciones policiales.
Si la Policía practica un retén en la entrada a un asentamiento y cada vez que un chico pasa le pide documentos, y como no los tiene lo lleva por portación de rostro o porque vive en ese e lugar, el pibe ya está siendo estigmatizado por la propia Policía. Por eso va a empezar a trasgredir la ley, ya que por el roce constante va a comenzar a imitar pautas de transgresión. El Policía puede llegar a provocar al chico, ofrecerle ser buchón, transa, y ahí comienza la carrera delictiva del pibe que no está relacionada con la pobreza, sino que el Policía se aprovecha de la situación de vulneración en la que se encuentra.

Acá destacás el abuso policial…

No, la relación de la niñez con la Policía es siempre una relación conflictiva. El uso es el abuso. Ocurre que la Policía está preparada para el sistema de prevención de adultos, no existe una Policía preparada para la prevención de niños. Deberían existir servicios de protección de la niñez para sustituir la prevención policial. Cuando la Policía sustituye lo que la Convención por los Derechos del Niño llamó sistema de protección y promoción, ahí se produce la estigmatización de los pibes.
Yo soy de los que piensan que el delito se construye o es una fabricación del poder, los menores no cometen delitos, el sistema fuerza a que los menores los cometan. Nunca vi un chico que cometiera un delito sin un marco de referencia.

Esto demuestra claramente que la participación del adulto es determinante cuando un chico delinque

Sí, pero tampoco podés eximir a los chicos de su responsabilidad y endilgársela al adulto. La Convención establece un sistema para responsabilizar, porque cree que los pibes al ser juzgados tomarían una autodeterminación y se les darían pautas para desentenderse de los adultos y organizar su libertad. Esto es muy ideal. Pero también es cierto que hay organizaciones criminales que reclutan chicos para cometer delitos.

Frente a esta situación, ¿cómo se debe dar la discusión desde el sector político y judicial ante quienes piden mayor rigurosidad en las penas?

Pensar que con el endurecimiento de las penas se va a solucionar la problemática es un grave error. Quienes creen que bajando la edad de imputabilidad, por ejemplo, van a obtener algún resultado positivo nunca hicieron un análisis serio acerca de qué estamos hablando. Para abordar estos temas hay que trabajar con las universidades y buscar el origen del delito. La demanda de seguridad está basada en una irracionalidad política, ya que los dirigentes van a querer responder a doña Rosa con la misma ingenuidad y la misma demagogia que doña Rosa. Por eso el endurecimiento lejos de resolver el problema lo va a recrudecer, sería como echar un bidón de nafta en el fuego.

El Gobierno provincial pide el endurecimiento de penas y desde la Nación se sostiene que la Justicia ya tiene herramientas suficientes. ¿Cómo puede la Justicia actuar frente a dos Ejecutivos antagónicos?

La Justicia tiene herramientas para resolver estos problemas. Pero Nación debe sancionar la Ley Penal Juvenil. Aunque si se cree que bajar la imputabilidad es la manera, esa no es la herramienta. La Ley Penal Juvenil debe reemplazar el sistema tutelar y ser acorde a la Convención. La Provincia, por ejemplo, aplica la normativa procesal pero se olvida de la Ley de Promoción de la Niñez, norma que plantea que el control social no esté en manos de la Policía. De esa manera se va a tener un sistema de inclusión social por delante del sistema Penal Juvenil, mientras que ahora está sólo el Penal. Uno de los gestores de esto es el actual ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien se dedica a inflar el sistema Penal para los adultos, promueve un código contravencional e intenta reformar el sistema Penal Juvenil creando miles de fiscalías juveniles. La Justicia Penal termina siendo cómplice del accionar policial.
Hay que tener en cuenta que cada caso es distinto y cada uno de ellos es un mundo. Las penas de los chicos no pueden ser iguales que la de los adultos; los institutos no pueden ser como las cárceles de los adultos y los juzgamientos no pueden ser como lo de los adultos. Los chicos no pueden ser juzgados a privaciones perpetuas de la libertad. Por ejemplo, en Argentina hay 4 casos de perpetuas a menores y son penas que no tendrían que existir.

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La imputabilidad ante la evidencia estadística (*)


En el Departamento Judicial La Plata, en los primeros dos años del Fuero Penal Juvenil, hubo 5798 causas. El 55 por ciento son punibles por la edad, un 5 por ciento no están identificados y un 40 por ciento son no punibles por la edad.
Del 40 inimputable, el 35 por ciento equivale a aproximadamente 2700 causas. Pero eso no significa que estemos hablando de 2700 delitos y niños (son sólo inicios de causas, y los niños infractores tienden a repetirse). La cifra desagregada muestra aproximadamente 2500 causas que se componen de hurtos, lesiones, daños, robos, resistencia a la autoridad y otros. Unas 200 causas (en dos años) equivalen a delitos graves contra la vida (homicidios, lesiones graves) presuntamente cometidos por menores de entre 14 y 16 años.
Si bajáramos la edad de imputabilidad sobre la franja del 40 por ciento aludida, significaría avanzar sobre una franja de delitos insignificantes, con el fin de criminalizar 150 causas (en 2 años). Claro que cada una de esas 150 causas alcanza niveles de espectacularidad mediática, que hace ver a la totalidad como problema estructural/electoral.

* Fragmento de columna de Julián Axat, Página 12, 21/01/2011
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-160886-2011-01-21.html

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