Inundaciones en La Plata: La verdad no admite trabas

El juez Luis Arias sigue tramitando la causa que intenta determinar el número de víctimas de la inundación ocurrida en abril en La Plata. Lo hace más allá de las continuas trabas provenientes, no solo desde el poder político, sino, curiosamente, también desde algunos de sus pares del Poder Judicial. Por segunda vez, aceptó ser columnista de Malas Palabras, respetando la reserva del expediente, pero poniendo blanco sobre negro respecto del contexto de la investigación.

Por Luis Federico Arias (Juez en lo Contencioso Administrativo del Juzgado n° 1 de La Plata)

Toda decisión que nosotros adoptemos en este período post y pre electoral puede tener una lectura política partidaria. Somos sumamente prudentes con el manejo de la información. Se ha generado mucho recelo en el Poder Ejecutivo por los acontecimientos que se han ido dando en esta causa y por eso en su momento establecimos la reserva del expediente, para no debatir públicamente las vicisitudes del proceso y poder trabajar con más tranquilidad, evitando confrontaciones con el poder político. 

Así y todo, el Ejecutivo planteó una recusación basada en mis declaraciones públicas previas a la reserva del expediente. Esa presentación de algún modo viola el principio de la buena fe procesal, porque las recusaciones se deben interponer al comienzo del proceso judicial, o bien dentro de los 5 días de producido un acontecimiento que dé lugar a una recusación. Esto no se cumplió y por esa razón nosotros rechazamos la recusación y declaramos la extemporaneidad. La Cámara (en lo Contencioso Administrativo) confirmó nuestro criterio. 

Desconozco las razones por las que la Cámara, que en otras ocasiones ha fallado en un modo adverso e inédito, como inhibirme de por vida de tomar conocimiento en cualquier causa relacionada con el Consejo de la Magistratura por haber planteado críticas al modo de selección de los consejeros, me ratifica al frente de esta causa. Entiendo que un factor decisivo pudo haber sido el seguimiento de la causa que vienen llevando adelante las familias de las víctimas y los vecinos, y esta petición que han enarbolado para evitar el desplazamiento de este juzgado en el conocimiento y decisión de esta contienda. 

Trabas desde el propio Poder Judicial
Desde el Poder Ejecutivo se han deslizado muchos obstáculos para entorpecer el desarrollo de esta causa: la recusación, el juicio político, las agresiones verbales de legisladores, las declaraciones del Ministro Casal quien nos trató de irresponsables a mí y al defensor de menores Julián Axat por difundir una cantidad diferente de víctimas, falseando la información incluso porque se nos adjudicó, en una operación de prensa, un listado que nosotros no habíamos dado a conocer. 

Es normal que el Ejecutivo tenga tensiones con el Poder Judicial, se da en todas las latitudes. Lo que es inusual es que las tensiones provengan del propio Poder Judicial, como ha ocurrido en este caso. Por parte de la Suprema Corte por un lado, presionando a empleados y a jueces para que me quiten la causa, o por parte de la justicia penal, con cuestiones absurdas. Me refiero a cuestiones de competencia que impulsó el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, a pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. O esta superposición de funciones que plantea el fiscal Jorge Paolini argumentando ser el que computa el número de víctimas, cuando la Corte dijo que es una causa del fuero contencioso administrativo. Estas son las cuestiones que más cuesta para hacerlas visibles. 

Lamentablemente han fracasado los intentos de reforma judicial y se ha clausurado el debate, y yo creo que es un aspecto que nos queda pendiente. La justicia y las fuerzas de seguridad son espacios donde todavía no hemos podido ingresar para plantear reformas que estén bajo los estándares de democracia. La reforma judicial fue vilipendiada a mi modo de ver por mezquindades políticas, o con rótulos reduccionistas que no reflejan la realidad de las cosas: se va a politizar la justicia ¡Pero por favor! Como si no estuviera politizada. En todo caso es blanquear una situación. 

Necesitamos debates con más tiempo y más profundos, adaptarnos a los tiempos que la sociedad requiere. Pero tenemos que trabajar todos los días para hacer ver la necesidad de esa reforma. 

En este caso de la inundación han sucedido cosas inéditas y muy saludables: familiares de víctimas, vecinos y periodistas hablando de cuestiones técnicas como una recusación, de sus implicancias políticas, de los intereses que hay de por medio, de quiénes juegan de un lado y quiénes juegan del otro, es un hecho notable. En otro momento y en otro contexto nadie se hubiera enterado de estas cosas. Esto es interesante.

Relación con los vecinos y familiares de víctimas
Existe un trabajo permanente con los familiares de las víctimas de la inundación y con los  asambleístas. Creo que los actores judiciales tenemos la obligación de dar a conocer y dar explicaciones ante la sociedad de los avances, en la medida de lo posible, ya que hay cosas que no podemos decir porque podemos frustrar medidas probatorias. Incluso algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia expresan opiniones a través de declaraciones y conferencias. Creo que esto es parte de una nueva modalidad de administrar justicia.
Existe una autocensura muy fuerte respecto de los jueces, por fuertes atavismos que se reproducen en diferentes ámbitos, en virtud del cual se señala que los jueces sólo deben expresarse a través de sus sentencias, ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo dice? Esto no es verdad, es lo mismo que decir que el gobernador sólo debe expresarse por sus actos administrativos, o los legisladores sólo deben expresarse a través de las leyes. Sí, se expresan formalmente, pero también explotan otros modos de comunicación. Y nosotros los jueces también tenemos que hacerlo, para generar credibilidad frente la sociedad. Porque la publicidad de los actos de gobierno es un principio que atañe a la forma republicana.

El futuro de la causa
En este juzgado estábamos esperando una definición al respecto para ver si avanzábamos o no, porque si iba a intervenir otro juez y dictábamos medidas, lo íbamos a condicionar. Ahora tenemos una enorme cantidad de medidas pendientes, faltan declaraciones testimoniales muy valiosas: rescatistas, empleados de fuerzas de seguridad, familiares de víctimas, que tienen que venir a declarar para reconstituir cuáles fueron las consecuencias de esto que nos pasó, y saber con la mayor exactitud posible cuál fue la cantidad de víctimas. Todavía no estamos en un contexto favorable a la verdad. La gente todavía sigue diciendo por lo bajo “yo conozco el caso de alguna víctima, pero tengo miedo de hablar”. Es necesario trabajar institucionalmente para que todos sientan la libertad de poder expresarse y aportar su testimonio a la justicia. Esto va a llevar un tiempo. 

Cinco meses parecen mucho, la dinámica de los medios hace parecer que las cosas tienen que resolverse ya, la mentalidad consumista quiere la pildorita mágica que nos solucione la dolencia, pero esto es otra cosa, esto va a llevar tiempo. 

El trabajo de los jueces es como el de los arqueólogos. Nosotros encontramos un pedacito de una vasija por acá, otro pedacito por allá, y tenemos que reconstruirla, qué vasija es, a qué civilización perteneció, cómo era esa civilización, por qué hicieron la vasija… De algún modo somos arqueólogos, arqueólogos sociales, esa es nuestra función. 

Y esto no se puede lograr sin la colaboración de la sociedad y sin un contexto donde se pueda esclarecer la verdad.

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