Delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar: ¿Limite a los juicios?

Oscar Rodriguez, abogado platense, que compartió la querella de la CTA en los juicios realizados en La Plata y que actuó también en el procesamiento del empresario Carlos Blaquier en Jujuy, hace un balance del proceso de enjuiciamientos a militares y civiles del genocidio en la Argentina. Destaca esa ‘pata civil’ que hoy cobra fuerza, pero sospecha dificultades para su continuidad futura.

Por Oscar Rodriguez (abogado de APDH La Plata)
artículo publicado en la edición n° 23 de Malas Palabras


Si hablamos de avances del juzgamiento estamos hablando de la existencia de un proceso que reconoce continuidades, discontinuidades y diversos actores que lo impulsan o retrasan. Es en la continuidad histórica que se encuentra la explicación y la relevancia del proceso en su integridad.

Siempre el intento de marcar hitos históricos es arbitrario, pero si hubiera que señalar un inicio, diría que la primera etapa comienza con la nulidad de la Ley de Autoamnistía (Ley n° 22.924 de septiembre de 1983) dictada por el gobierno militar de facto previo a la reapertura de la democracia. Esta Ley fue anulada posteriormente por impulso del presidente Raúl Ricardo Alfonsín en el Congreso Nacional. Esto para mí significó un verdadero acto de soberanía política, ya que la democracia se plantó ante el poder militar que había intentado sellar un círculo de impunidad.

Esa anulación abre el camino a la posibilidad de juzgar, que luego se concretiza con los decretos de juzgamiento a las cúpulas guerrilleras y a las cúpulas militares (decretos 157 y 158 respectivamente). Se origina la causa 13 del Juicio a los Comandantes del Ejército, Marina y Aeronáutica, más conocida como “Juicio a las Juntas Militares”. Esto fue una novedad en el mundo e importantísimo para Latinoamérica.

La sanción de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida cerró esta primera etapa, la cual se caracterizó por impulsar el juzgamiento casi exclusivamente de las cúpulas militares. Digo casi exclusivamente ya que otra de las causas emblemáticas de este período fue la causa 44, conocida como “causa Camps”, un megaexpedienteque investigó el accionar de la Policía de  la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Se inició por decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional.

Es importante señalar que en ese momento histórico de nuestro país, las condiciones políticas condicionaban a la sociedad argentina y al alfonsinismo.  Incluso se sucedían alzamientos militares y amotinamientos en reacción al avance de estas causas, lo cual es un escenario impensable ahora.

La impunidad de Menem
La segunda etapa es de impunidad, y obedece a las consecuencias del dictado de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La impunidad se profundizó el 28 de diciembre de 1990, cuando el entonces Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem indultó por medio de seis decretos a civiles y militares que cometieron delitos durante la dictadura.

La tercera etapa se abrió luego de que el Estado argentino se comprometiera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a abrir los juicios para conocer la verdad histórica de lo acontecido durante la última dictadura. Esta decisión se derivó de un informe de la CIDH en relación al caso 12.059: “Carmen Aguiar de Lapacó (Argentina)”. Así, y en virtud del reconocimiento de la existencia de un derecho a la verdad, se iniciaron  los juicios por la verdad en todo el territorio argentino, que no daban lugar a causas penales propiamente dichas, ni resultaban en una condena, pero sí podíamos conocer la verdad de lo sucedido. Esta etapa se caracterizó por el acopio importantísimo de pruebas, que servirían luego en la cuarta etapa a la reapertura de los juicios penales.

La cuarta etapa se inscribe en el kirchnerismo. Independientemente de las críticas que podamos hacer, es en este momento histórico en el que se recuperó la voluntad de juzgamiento, produciendo la reapertura de todas las causas penales y la iniciación de muchísimas otras.

Se está cumpliendo con lo que yo considero la quinta etapa de juzgamiento. Ocurre también dentro del kirchnerismo, y se caracteriza por el avance hacia la expresión civil de la dictadura. La pata civil son aquellos poderes que tuvieron un rol fundamental a la hora de idear y ejecutar el plan macabro: el poder financiero, económico, judicial y eclesiástico. Al mismo tiempo se puso en discusión el rol que cumplieron los medios durante la dictadura, existiendo actualmente dos causas concretas: la que investiga la venta ilegítima de Papel Prensa, y la causa que se le sigue al director del diario bahiense La Nueva Provincia que investiga el asesinato de dos de sus delegados. En esta quinta etapa también se visualiza la función que cumplieron los médicos en los distintos centros clandestinos de detención. Y alcanzó expresión un delito que se venía ocultando que es la violación sistemática de mujeres y hombres detenidos.

Ensayando un análisis de la coyuntura, la situación hoy es complicada. El kirchnerismo viene en retroceso, lo cual se evidenciaba incluso antes de las últimas elecciones legislativas, al mismo tiempo que las principales fuerzas de la oposición no se expiden claramente a favor del juzgamiento.

Puedo aventurar, o al menos sospecho, que este proceso que se abrió con el regreso a la democracia va a encontrar una suerte de límite. Un eventual intento de finalización no será abrupto ya que se continuarán coletazos de los juicios ya iniciados, pero no vaticino un escenario de iniciación de nuevas causas.

Como desde que se iniciaron, los militantes del pueblo deberemos estar con nuestra capacidad de lucha bien en alto.

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