Derechos: Los niñ@s primero

El mes de marzo no fue un buen mes para los pibes. No solo no arrancaron en término las clases en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, sino que una nueva avanzada punitiva se desplegó contra nuestros pibes responsabilizándolos de la “inseguridad”. 

Por Rosario Hasperué

En esta nota, publicamos algunos fragmentos de dos comunicados del Foro por los Derechos de la Niñez que ponen en evidencia los argumentos falaces que utiliza el poder sobre temas como el de la educación y la seguridad, para llevar adelante una clara política de ajuste y represión hacia los sectores populares.

El conflicto no terminó para este 2014 donde aún se avizoran varios frentes de tormentas. El pago parcial de las deudas con ONG’s y el cierre del primer round paritario docente, que permite a los chicos arrancar su primer día de clases recién en el mes de abril, no puede esconder el evidente deterioro de la escuela pública, y tampoco apacigua la sed de sangre joven que tienen ciertos sectores elitistas que aún gobiernan nuestro país a través de medios de comunicación, municipios, y toda clase de cargos y embestiduras gubernamentales. 

A diez años de la sanción de una ley “modelo” para toda América, la Ley 13.298 de Promoción y Protección de de Derechos del Niñ@, que se logró a través del trabajo incansable del Foro por los Derechos de la Niñez de la provincia de Buenos Aires, hay mucho para festejar y también para demandar. Esta organización, salió al cruce de la utilización de los derechos del Niñ@ para intentar limitar el derecho a huelga, y de la avanzada represiva hacia los jóvenes en boca del Intendente de Florencio Varela, y en el intento del Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, de reinsertar en sus lugares de trabajo a todos los policías implicados en el secuestro y desaparición de Luciano Arruga. 

Acerca de la utilización de los derechos del niño contra el derecho a huelga de docentes

Ante la judicialización del conflicto docente promovida por el ejecutivo bonaerense a través de la figura del “Defensor del Pueblo”, argumentando que la huelga de maestros generaba una contraposición de derechos entre el derecho del niño a la educación y el derecho a huelga del trabajador; el Foro por los Derechos de la Niñez, se expresó en apoyo a la lucha de los gremios docentes “por garantizar el derecho a la educación”, y rechazó “la judicialización del conflicto como una manera de buscar coartar derechos de los trabajadores para hacer sentir sus reclamos”.

Desde el Foro, se planteó expresamente, que: “Garantizar el efectivo acceso al derecho a la educación es garantizar que las condiciones de los trabajadores de la educación sean dignas y eso incluye el salario y muchas otros aspectos, como la infraestructura y los recursos necesarios para desplegar la actividad docente”.

Este organismo, promotor de las leyes de infancia en el territorio bonaerense, denunció que: “Garantizar el derecho a la educación, es una obligación indelegable que tiene el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, conducido por Daniel Scioli” al tiempo que señaló que la huelga es una “herramienta válida que tiene el trabajador de la educación” que  “busca garantizar condiciones dignas para educar”. En ese sentido, se mencionó que “esta situación ha sido retratada en 1999 por la Observación General N° 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Argentina ha suscripto. Ese documento resalta que en muchos Estados las condiciones generales de trabajo de los docentes “han empeorado” y considera que eso es un grave obstáculo para la plena realización del derecho de los alumnos a la educación”.


Esa misma observación internacional “reitera la exigencia del Pacto de que los gobiernos mejoren continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente, rescata su organización gremial y les exige información sobre las medidas adoptadas para velar por que todo el personal docente goce de unas condiciones y una situación acordes con su función” señalan. Por esto, desde el Foro se calificó como “inadmisible” que “se utilicen los derechos del niño para limitar la justa huelga docente en defensa de la escuela pública”, ya que es el Estado el que “debe garantizar el acceso a la educación que no es lo mismo que meter los pibes en la escuela”.

Desde esta órbita, la judicialización del conflicto paritario y la estigmatización de los maestros no son más que intentos de atacar la lucha docente “por la escuela pública frente a la creciente privatización del servicio educativo”.  En efecto, “se instala una falsa premisa sobre que las escuelas privadas sí funcionan, bajo la lógica de que allí sí hay clases. Esto es una forma de echar a andar una embestida privatizadora sobre la educación, invitando a la población a pensar que hay que pagar para tener acceso a la escuela, escondiendo un debate de fondo sobre los cambios necesarios del sistema educativo”.

La osadía de los maestros no solo dejó en evidencia la precaria situación del sistema educativo público, sino que esta falta de inversión en nuestra niñez y juventud también se manifiesta en la falta de pago a proveedores de comedores escolares, la falta de recursos hacia Hogares, Centros de Día y Unidades de Desarrollo Infantil, pero principalmente en la falta de voluntad política en aplicar la ley 13.298.

Acerca de la avanzada represiva de intendentes y gobierno provincial sobre la niñez y juventud

Mientras el conflicto docente se desarrollaba, los titulares de los diarios nacionales se repartían la portada entre los paros y los hechos de “inseguridad”. Sobre ese tema, fue reporteado el intendente de Florencio Varela, quien días atrás había radicado una denuncia penal contra un dirigente social que sostiene un centro cultural para atender a cientos de pibes en ese distrito, acusándolo de “narcotraficante”. Casualmente el mismo dirigente social que ya viene denunciando hace tiempo la complicidad entre el poder político, judicial y policial con las mafias ligadas al narcotráfico- entre otros delitos- en ese municipio del conurbano bonaerense. 


El intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, además es Presidente de la Federación Argentina de Municipio (FAM), por lo cual sus acciones y palabras intentan representar a “los intendentes”.  

Este “cacique” o “barón” del conurbano, declaró en radio América que estaban pensando en impulsar “escuelas pupilas para jóvenes violentos”, jóvenes que no estén vinculados al delito, pero que sin embargo hay que encerrar desde antes que ingresen al esquema penal,  ya que – entre otras barbaridades- “o nos matan ellos o los terminamos matando nosotros”. 

El Foro por los Derechos de la Niñez emitió un comunicado de repudio, puesto que estas  palabras fueron contemporáneas a la decisión de Alejandro Granados, ministro de Seguridad Bonaerense, de poner en funciones a todos los policías acusados de la desaparición de Luciano Arruga; y al asesinato del joven de 18 años en la ciudad santafesina de Rosario, que murió tras un linchamiento.

Para el Foro, las declaraciones de Pereyra “no son aisladas, sino que están alineadas a una política del ejecutivo provincial, y otros actores políticos, de avanzar en la conformación de un estado punitivo por sobre un estado que garantice los derechos de los más chicos”.

“A casi una década de la sanción de la ley de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes aun no implementada cabalmente en la Provincia de Buenos Aires, los funcionarios a cargo de las administraciones municipales como el caso de Pereyra o de ministerios provinciales como Granados, muestran su decisión de promover el disciplinamiento o eliminación de las clases populares” expresan desde el Foro. 

En este contexto, se denuncia que existe “una creciente privación del acceso a derechos básicos para la vida, y una tendencia también creciente, orientada a reforzar las políticas represivas. Se envían las fuerzas policiales a ejecutar a los pibes, y promueven la violencia en la sociedad a través de oleada de pánico, generando acciones brutales como las denominadas “justicia por mano propia” que el lunes 27 marzo terminó con la vida de otro joven de 18 años en manos de vecinos, que convertidos en asesinos, lo mataron a golpes ante la sospecha de haber cometido un arrebato de una cartera. No alcanza con que los funcionarios muestren “indignación” públicamente por estos hechos “aberrantes”, pues son ellos junto a los medios masivos de comunicación y su campaña por la “seguridad”, los que los propician”.

Desde el Foro se indica que “numerosas investigaciones empíricas demuestran que no es la seguridad el primer problema en la agenda real de los problemas sociales, lo es la falta de acceso a derechos básicos de grandes porciones de nuestro pueblo. No podrá haber un país justo sin esta garantía. Salvo para quienes abogan  por un país para pocos. No es casual que se fomente el reclamo por la inseguridad en el momento actual, y así esconder bajo la alfombra el ajuste que hace ya algunos años viene desarrollando el gobierno bonaerense, y en especial en lo que refiere a políticas  de promoción y protección de Derechos de Niñez y Adolescencia”.

Sin embargo, el rápido accionar de organismos de derechos humanos y la valentía de Vanesa Orieta, hermana de Luciano; lograron que Granados deba dar marcha atrás con su decisión de dar por tierra los pocos avances en el caso Arruga. También la rebeldía docente en enfrentar amenazas y estigmatizaciones sosteniendo la medida de fuerza; logró que aparecieran los fondos para el aumento que- aunque aún no alcanza- es superior a lo que Scioli pretendía disponer para consolidar el ajuste sobre ese sector. 
Luego seguirán las mismas demandas y vendrán nuevas luchas, pero no podrán sacarnos el sabor de pequeñas victorias, que aunque se enmarquen aún en la resistencia, nos proyectan a un futuro posible, que solo será con igualdad si continuamos la incansable tarea de luchar por un presente con oportunidades para nuestros pibes. 

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