Ley de Inversiones Extranjeras: Los parámetros contemporáneos de la dictadura

El plan siniestro de casi diez años emprendido por las dictaduras en Nuestramérica, que sembró el terror, diezmo y desapareció miles de personas, se erigió, y de hecho así se estableció, como un período de “reorganización nacional”. Diagramado para ejercitar un orden dominante que asegurara un patrón de acumulación,  un delineamiento jurídico y político condescendiente con una intensiva  extranjerización de la economía, y el establecimiento de una zonificación territorial, que futuramente pudiera dar pie al asentamiento de emprendimientos transnacionales de gran envergadura. 

Por Ramón Gómez Mederos 

Todo ese proceso fue realizado, a la medida de los requerimientos de la clase dominante mundial y de su correspondiente modo de acumulación.

Las herramientas y mecanismos de esta política a cargo de la más feroz e indigna dictadura, fueron, básicamente, reformular y regenerar una matriz de legislaciones y medidas, que asentaran jurisprudencia, para lo que luego sería  la enajenación de los bienes públicos.

La prospección, a cargo de organismos del Estado y del Ejército, como el banco geológico militar, de zonas ricas en minerales críticos y estratégicos, de la gama de los metales, pero también, una zonificación y un mapeo de las cuencas hídricas más importantes del subsuelo de nuestro país, como también la implementación de una fuerte tecnificación del campo, estableciendo un esquema agroindustrial de pool de siembra, del paquete tecnológico de transnacionales de la biotecnología, una agricultura sin agricultores, fue la verdadera razón estratégica de la implementación de este trágico periodo.

La implementación de una legislación que posibilitara, en términos inmediatos, la invasión de corporaciones globales: por un lado, que les posibilitara enajenar históricas compañías del Estado, fundamentalmente del rubro energético y primario, establecer los ejes de una economía basada en la valorización financiera, y por el otro llevar adelante economías de enclave de capital intensivo en zonas geográficas consideradas reservas estratégicas de bienes naturales no renovables. 
Ese horizonte estratégico, fue seguido por un periodo intermedio de transición que comienza en los 90, en el cual se refrenda y amplía la legislación de la dictadura.

La  ley de Radicaciones Extranjeras (Ley 20.557),  que la dictadura anuló junto a  un importante número de regulaciones sobre los capitales extranjeros que ingresaban al país, fue enrocada por el Decreto Ley 21.382 de Inversiones Extranjeras, producto de la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz. La anterior ley (20557) estaba acotada al contexto económico y el modelo de producción , entre el 1973 y el 76. Cuando fue enrocada por la dictadura decía: “Que los bienes o servicios a producir posibiliten una sustitución de importaciones o sean objeto de exportaciones a través de un compromiso expreso, debiendo dejar un beneficio neto para el país en cuanto al balance de divisas de la radicación, computándose para su cálculo de probables egresos o repatriación de capital, utilidades, amortizaciones, intereses, regalías, importaciones –incluso las indirectas a través de los insumos– y otros egresos”. Es decir que esta ley estructuraba una economía que apuntaba a una cierta gradualidad , en términos de independencia económica y con preferencia a capitales nacionales. 

El comienzo de  nuevos parámetros de producción empezaba a gestarse en Argentina.

Entre algunas de las cosas que la ley de Inversiones Extranjeras de la dictadura establecía, eliminaba las restricciones, como más arriba habíamos dicho, al capital extranjero de instalarse en sectores económicos y áreas geográficas consideradas sensibles a la seguridad nacional. Los requisitos ambientales y sociales desaparecieron mágicamente de escena, así como la contratación de mano de obra nacional. Y lo que la mayoría de los  hoy países emergentes (Brasil y China, por ejemplo) supieron ver como estratégico para el desarrollo nacional, la transferencia de tecnología y la diagramación de una educación técnica acorde a esto. 
La independencia jurídica entre la casa matriz y la subsidiaria fue una falacia utilizada para evadir el pago de impuestos, remitiendo utilidades en forma encubierta “de los precios intra-firma de importación y de exportación, o a través del pago de intereses por autopréstamos.”

Fue a partir de 1976 cuando empiezan a producirse grandes y paulatinos cambios en la estructura económica del país, a acentuarse la apertura de ésta y a consolidarse un flujo de capitales a partir de un esquema rentístico y financiero. Pero también ahí, se acentúa un nuevo principio de ciclo de endeudamiento externo, con los más poderosos organismos y bancos internacionales

Pero además de ello el principal rol de la Argentina había sido como proveedor de alimentos y materias primas al resto del mundo, y la  ley de Radicaciones Extranjeras, aniquilada por la dictadura, apuntaba a  bajar el peso de los commodities y aumentar el de los productos industriales, para incentivar  una producción con alto valor agregado. 

Es decir que paulatinamente y con posterioridad a la ley de Inversiones extranjeras del gobierno de facto, volvería todo atrás, acentuando los beneficios de los capitales foráneos; extranjerizando y primarizando la economía.

Nada ha cambiado

La ley de Inversiones Extranjeras, es el punto nodal e inicial de un camino, que en Argentina aún no tiene retorno y que es la estructura central y estratégica de un periodo capitalista, que se afirma cada día más en un esquema neocolonial dependiente, con algunas particularidades contemporáneas, que sitúan a nuestras naciones, en la disputa, centralmente de nuestras riquezas naturales. Junto a la reformulación y adaptación , también por parte de la dictadura cívico militar que asolo nuestro país, de la Ley de Entidades Financieras que le da fabulosas ganancias a los bancos más poderosos del poder global , y que decanta armónicamente en la actualidad. 
José Alfredo Martinez de Hoz, principal
socio civil de la dictadura y mentor
económico de su política de saqueo

Sin este paquete de colonización financiera, su cronología de despojo y saqueo no hubiera sido posible. Los acuerdos de dependencia llamados Acuerdos Bilaterales de Inversión, forman parte de este combo de iniciativas con el capital global y sus corporaciones, que atan de pies y manos  jurídicamente a nuestras naciones, bajo la mirada atenta del Banco Mundial. 
La llamada seguridad jurídica, es ni más ni menos que la garantía de robo del sacrificio de nuestros territorios, bajo la lógica expropiatoria de la explotación.

Los TBI, forman parte, además de una ingeniera de dependencia, que sienta jurisprudencia internacional. Junto a España y Suecia, Argentina es uno de los países que más acuerdos ha firmado, sumando 54 en vigencia y de los que el 90 % han sido ratificados.

Los 90 fueron tiempos de frenesí  para los TBI, firmados principalmente con los países integrantes de la OCDE (Organización Europea para la Cooperación Económica), y los que estaban fundamentalmente relacionados a la enajenación de las empresas públicas  de gas, electricidad, petróleo y de agua potable.

La modificación del artículo 1º de dicha ley, a mediados del 93, dice claramente: “Los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes acuerdan a los inversores nacionales”, además de posibilitarle a las corporaciones libre disponibilidad para el giro de utilidades y la casi nulidad de requisitos de inversión. 
Los TBI tiene cláusulas como la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales, de trato nacional, la que iguala injustamente el inversor nacional y el extranjero, cláusula de la nación más favorecida por la que un país que no ha firmado específicamente el TBI puede recurrir al tratado firmado con otro país, y sacar ventajas más favorables,” protección de inversiones previas, es decir con anterioridad inclusive a la implementación del TBI, cláusulas de renovación automática, y vigencia por 10 a 15 años puesto en vigencia ante los organismos internacionales”. 

El cambio estructural en la economía a partir de marzo del 76 tiene connotaciones actuales y su estructura orgánica está intacta como entonces; la abdicación a los tratados bilaterales de inversión van de la mano de los tratados específicos en algunos rubros como lo referente a la implementación de la mega extracción minera, como el tratado de Complementación Económica, rubricado en Montevideo el 12 de agosto de 1980, y que determina las zonas mineralógicas a prospectar, explorar y explotar binacionalmente con Chile, que se materializa en sendas leyes en los dos países bajo el Tratado Binacional de Complementación e Inversiones Mineras.

La refrenda de adhesión al CIADI, herencia directa de la ley de Inversiones Extranjeras, es en gran medida el punto de reaseguro de los grupos económicos corporativos y sus empresas, y que tiene como ferviente impulsor al gobierno de la Casa Blanca y la clase capitalista mundial. 


El pago al que ha llegado el gobierno argentino por la indemnización a Repsol, 5.000 millones de dólares en primer termino, está directamente condicionado por los acuerdos con los organismos internacionales de resolución de conflictos, por el Banco Mundial y con el establishment financiero internacional, de igual forma con el litigio con British Gas la que  pudo llevar su reclamo primero ante un tribunal de la ONU y luego ante la Corte Suprema de Estados Unidos, siendo fallo favorable a la compañía. En dicho litigio se reconoce los 185 millones de dólares reclamados por la empresa y, además, estableció la no obligación que esta, haga una primera demanda ante la Justicia argentina. De ese modo, revirtió el fallo de “la Corte de Apelaciones de Washington que había dicho que debía presentarse primero ante los tribunales del país donde hizo la inversión, tal como lo estipula el TBI firmado”.

La sucesión cronológica de abdicaciones indignas de los distintos gobiernos, desde el decreto de Martínez de Hoz en 1976 hasta ahora, mantienen intacto el espíritu de dominación que han hecho los centros de poder mundial y la clase capitalista.

La independencia económica de las naciones de Nuestramérica y en particular de la República Argentina, dependen del quiebre histórico necesario para romper, en primera instancia, con los esquemas de dominación, tapados coyunturalmente por medidas de carácter táctico que esconden la verdadera columna vertebral del régimen actual, la implementación de un modelo de reprimarizacion de la economía en favor de los poderes globales.

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